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Boletín de prensa 7 de marzo de 2011
PORTAFOLIO
COTIZAN PARA 3 MILLONES DE PESOS Y SE JUBILAN CON 17 MILLONES DE PESOS
Hasta los colombianos que no cotizan para su propia pensión ponen plata para pagar las jubilaciones privilegiadas.
Mesadas que promedian los 17 millones de pesos, y que reciben unas 2.400 personas jubiladas privilegiadas, tienen temblando al Ministerio de Hacienda y a varias de las 15 administradoras de pensiones que existen en el país.
Congresistas, altos funcionarios de la rama judicial y militares son los dueños del privilegio. Sólo en la Rama, según ha dicho el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, las reliquidaciones significarían un hueco de entre 7,5 y 20 billones de pesos.
En el caso de los congresistas, de acuerdo con estadísticas del Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecón), del universo de 2.250 pensionados, 870 fueron parlamentarios y 300 ocuparon cargos como funcionarios de alto nivel.
“Las mesadas generosas, es decir, por encima de 10 salarios mínimos, son el 60 por ciento del total”, indica Francisco Ramírez, gerente del Fondo.
En Fonprecón, precisamente, se paga una de las pensiones más altas del país, de 29’316.086 pesos, y la recibe mensualmente un colombiano que ni siquiera fue congresista, sino secretario de comisión.
“Cuando se liquidó, se hizo con todos los factores habidos y por haber, es decir, sueldos, viáticos, entre otras. A todas luces, está mal liquidada”, advierte Ramírez.
La pensión de casi 30 millones de pesos, con la que se podrían pagar cerca de 60 empleados remunerados con el salario mínimo, es una de las 400 demandadas en ese fondo, que es uno de los más pequeños en el país.
Por el lado de la Rama Judicial, la situación es aún más ostentosa.
“Este sistema pensional se está creando a punta de sentencias: pese a que, por mandato constitucional se acabaron los regímenes de transición, los funcionarios de la Rama decidieron crearse una transición propia (se pensionan con el último sueldo, independientemente de lo que hayan cotizado)”, anota Sergio Pombo, ex asesor del Ministerio de la Protección Social.
El especialista en pensiones realizó el cálculo que ilustra que la plata aportada no alcanza para cubrir esas mesadas.
“Partimos del supuesto de que un magistrado empieza a cotizar a los 35 años, se pensiona a los 55. Cotiza el 11,5 por ciento (para el factor pensión). A los 55 años tienen 731.146.966 pesos (contando con tasa de capitalización de 5 por ciento y tasa de renta de 4 por ciento). Esto alcanza para una pensión de 2.939.146 pesos mensuales. Si la pensión fuera de 13.000.000 de pesos, el capital necesario sería de 3.233'902.656, es decir 4,42 veces lo que cotizó”.
En el caso de los congresistas, indica Francisco Ramírez, “ellos cotizan solo el 25,5 por ciento de lo que reciben”.
Adicionalmente, agrega el gerente de Fonprecón, está el tema de la sustitución, sobre la cual urge una regulación.
“La sustitución es una figura válida, porque no se puede dejar desprotegida a la gente, pero hay que restarle el porcentaje que ya no va a consumir el causante. Si el titular deja una pensión de 100, que la señora reciba una de 70”.
La situación de las pensiones onerosas hasta ahora es imparable, porque como ha dicho el procurador Alejandro Ordóñez, está dentro de lo legal. Así lo explica Sergio Pombo. “No existe una ley que establezca un régimen de jubilación para la Rama Judicial, solo un decreto que señala que se les aplicará lo mismo que a un congresista”.
Aunque a los parlamentarios les han ido limitando y acabando su propio régimen especial, a la luz de esa igualdad, la situación se convierte en una bola de nieve que aún no ha acabado de bajar.
“Si aplica para la Rama, entrarían todas las ‘ías’. De rebote, cuando acaben allá, se le va a aplicar al Congreso”.
Los platos rotos los reponen todos los colombianos, inclusive, aquellos que están en la lista de las 15 millones de personas que trabajan en la informalidad y ni siquiera están cotizando para su propia pensión.
“El costo anual de pago de pensiones por parte del Estado es de 26 billones de pesos y está subiendo. ¿De dónde sale? Es plata fresca de la Nación, sin contar las cotizaciones, y es equivalente a lo que se recaudó en el país por IVA interno en el 2010, es decir, hasta los 15 millones de trabajadores informales, que ni siquiera cotizan para su propia pensión, aportan allí porque consumen y pagan IVA. ¿Por qué su plata se va en pagar pensión de otros y ellos no tienen derecho a nada”.
Lo cierto es que las cuentas para pensionar a los privilegiados están mal hechas. No se puede echar reversa en materia de leyes y la tendencia es que las pensiones onerosas obtenidas vía sentencias, se sigan extendiendo a más beneficiarios.
La salida, para Eduardo Sarmiento, director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, es gravarlas.
“El promedio de la gente que está en la seguridad social recibe pensiones de 1,8 salarios mínimos (964.080 pesos) y hay millones de personas que ni siquiera están. En cambio hay otros con pensiones de 25 salarios mínimos (13.390.000 pesos) que, en muchos casos, las obtuvieron con jugarretas. Lo que propongo es establecer un nivel por encima del cual se establezca un impuesto a los ingresos por pensiones”.
El explosivo crecimiento de la plata que debe el Estado a los colombianos por las cotizaciones recibidas para pensiones, es decir, el llamado pasivo pensional, no se ha podido frenar en el país. La cifra actual es descomunal. Se calcula en 195 puntos del Producto Interno Bruto.
SUPER VALIENTE
El sistema de salud colombiano se halla muy regulado e inter- venido. La injerencia del Estado es necesaria si se quiere equilibrar el modelo para alcanzar a cubrir toda la población.
Valiente y responsable la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud al revertir unas medidas sancionatorias adoptadas el año anterior por la pasada administración de la entidad contra Saludcoop, la EPS más grande del régimen contributivo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Digo que es una determinación valiente, porque no debió ser fácil tomarla ante un contexto como el del sector salud, en el cual algunos agentes y generadores de opinión parecen no quedar satisfechos si no ven los cuerpos tendidos en la arena, como si se encontraran en un circo romano. La animosidad de algunos en el sector, está llegando a extremos que pueden violentar el régimen jurídico colombiano.
Pero la medida, además, fue responsable porque los funcionarios de la Superintendencia de Salud se acompañaron de la Procuraduría General de la Nación, estudiaron el caso en detalle, con objetividad, se llenaron de razones, se ajustaron al derecho y asumieron así la decisión.
El documento conciliatorio es claro. La anterior administración de la Superientendencia se extralimitó y violentó el debido proceso de la investigación contra Saludcoop. Pero además, no tuvo consideraciones relacionadas con la naturaleza jurídica de la entidad y las excepciones de ley derivadas de esta última. Con la decisión, la actual dirección de la Superintendencia le evitó una multimillonaria demanda a la Nación, pero sobre todo, le retornó estabilidad jurídica al sector, pues las interpretaciones que los funcionarios le dieron a las normas en los fallos proferidos el año pasado, introducían factores de incertidumbre para los aseguradores e inclusive para los prestadores, por el establecimiento de precedentes que después se les aplicaran a ellos.
El sistema de salud colombiano se halla muy regulado e intervenido. La injerencia del Estado es necesaria sin lugar a dudas, si se quiere equilibrar el modelo para alcanzar los objetivos de cubrir a toda la población de manera equitativa, con buena calidad de las atenciones y costos racionales de las prestaciones. Propósitos que en algunas ocasiones pueden parecer contradictorios.
Pero la legislación, la regulación, la reglamentación y la vigilancia, no pueden generar inestabilidad jurídica y mucho menos abusos derivados de interpretaciones parciales o sesgadas por parte de los funcionarios. Las entidades rectoras del sector tienen una responsabilidad inmensa en esta materia, si quieren producir los incentivos correctos y direccionar a los agentes del sistema hacia los objetivos estructurales descritos en el párrafo anterior.
La ponderación y la responsabilidad de cumplir el debido proceso en el marco de una interpretación acertada de las normas, no exime a las entidades de vigilancia y control de su responsabilidad de investigar a todos los agentes del sistema de salud. De hecho, la Superintendencia en su decisión así lo expresa con propiedad para el caso de Saludcoop y de cualquier otra EPS.
Es más, una queja generalizada y fundamentada, es la precariedad que ha existido en la labor de vigilancia y control dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Pero esta función de la rectoría se debe cumplir de manera pertinente, con ánimo constructivo y con sentido pedagógico, que busque el fortalecimiento de los procesos para la mejor atención de los pacientes y para la prevención de los riesgos que pueden amenazar la gestión de las entidades y la sostenibilidad del propio sistema.
La idea de una vigilancia policiva, con garrote en mano, debe darle paso a un control instructivo que fortalezca la institucionalidad del sector, sin dejar de sancionar a quienes transgredan la ley y la norma.
EL TIEMPO
PRESIDENTE SANTOS DICE QUE NO RECORTARÁ RECURSOS DE ACCIÓN SOCIAL
El mandatario dijo que no solo se sostendrá el mismo presupuesto, sino que "se fortalecerá".
Desde Popayán, el presidente Juan Manuel Santos rechazó las voces que han dicho en las últimas semanas que en el Plan de Desarrollo los recursos para Familias en acción se reducirán.
"Si hay alguna cifra que pueda indicar eso, señores senadores, señores representantes, las corregiremos en el Plan de Desarrollo. El plan de Familias en acción, la inversión del Estado no solo se va a mantener sino que se va a fortalecer y se va a acrecentar", anunció el jefe de Estado.
En los últimos días, el presidente del partido de 'la U', Juan Lozano, ha venido manifestando sus críticas a la reducción que, según él, se dará en los dineros destinados a este programa presidencial.
Sin embargo, luego del anuncio del mandatario, Lozano celebró la decisión e hizo un llamado a que Familias en Acción continúe cumpliéndole a los niños, que, según el senador, son los directamente implicados en el tema.
"Para el Partido de 'la U', es totalmente gratificante la decisión del Presidente, la celebro y le agradezco. Ahora con esta instrucción del Presidente para el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, procederemos a modificar el Plan Nacional de Desarrollo como lo quiere el presidente Santos, como lo queremos nosotros y como lo necesita el pueblo", dijo Lozano.
El presidente Santos también anunció que esta tarde, en Caloto (Cauca), encabezará un consejo de seguridad para definir acciones frente a los hechos violentos de los últimos meses en ese departamento.
Santos resaltó que la seguridad, junto a la reducción de la pobreza y al impulso al trabajo son los tres pilares fundamentales del Plan de Desarrollo, que se discute en el Congreso.
"He venido a decirles que el gobierno va a enfocar sus esfuerzos en corregir esos tres problemas, que azotan al Cauca con mayor vigor que al promedio nacional", dijo el mandatario.
En la última semana, se han presentando dos ataques contra miembros de la Fuerza Pública en los municipios de Caloto y Caldono en el Cauca, en los cuales han muertos cinco policías en dos ataques atribuidos por las autoridades a las Farc.
IGLESIA ANUNCIA UNIÓN DE CREDOS CONTRA EL ABORTO
A la iniciativa se han vinculado católicos, cristianos, evangélicos, judíos y musulmanes.
Así lo señaló Monseñor Juan Vicente Córdoba, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Córdoba anunció la conformación de una 'coalición' de credos para impulsar un proyecto modificatorio de la Constitución para prohibir el aborto en todas sus formas.
"Queremos que los senadores y representantes lleven al Congreso las firmas de millones de colombianos que están a favor de la defensa de la vida", dijo.
La idea es reunir, antes del 16 de marzo, el mayor número posible de firmas en apoyo a la iniciativa legislativa, que será radicada por el senador José Darío Salazar, presidente del Partido Conservador.
El proyecto de acto legislativo busca modificar el artículo 11 de la Constitución, que dice: " (...) la vida de todo colombiano es inviolable, no habrá pena de muerte", y agregarle: "la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte".
'A PROPÓSITO DE UN ARTICULITO EN PROYECTO DE LEY ANTICORRUPCIÓN'
Weiner Ariza señaló que 'los problemas de transparencia (...) no se han presentado en las subastas sino en licitaciones y contrataciones directas'.
Un análisis de Weiner Ariza Moreno, especialista en contratación pública, y abogado de Canal 3.
No resulta afortunada la coincidencia entre la aprobación por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de un artículo del Proyecto de ley anticorrupción 174 del 2010, que pretende introducir una regla que en mi opinión hoy no se encuentra literalmente establecida en la legislación vigente sobre subastas, y el hecho de que la Sala Plena del Consejo de Estado se apreste a resolver los recursos interpuestos contra la suspensión provisional de los pliegos de condiciones del tercer canal, en los cuales la CNTV, invocando el artículo 90 del Decreto 2474 del 2008, autorizó la adjudicación de dicho canal si solo se presentaba un oferente.
Y no lo es, no solo porque el Consejo de Estado debe definir si dicha prohibición se deriva del artículo 72 de la Ley 1341 del 2009 y de la normatividad concordante, como lo consideraron en su momento la Sala de Consulta y la Sección Tercera de dicha Corporación, sino también porque si tal decisión se prolongara y el artículo aprobado se convirtiera en ley, el mismo resultaría inútil, pues no podría aplicarse al caso concreto por una razón elemental: no estaba vigente cuando la CNTV inició un proceso tan largo como accidentado. Por eso tampoco resultan acertadas las declaraciones del Ministro del Interior sobre el particular, pues al considerar, como lo registra el diario 'El Universal', que "dependiendo del momento en que la ley se apruebe, se puede aplicar a la contratación que se realiza del tercer canal", abre suspicacias innecesarias sobre la posición del Gobierno en un asunto que está en manos de los jueces. Es sabido, por lo demás, que las leyes rigen hacia el futuro, sin tener, salvo en ciertos casos, alcance retroactivo.
Subasta
El Gobierno y el Congreso tienen plena libertad para proponer, mediante modificaciones normativas, el cambio de políticas públicas. Pero la ciudadanía tiene derecho a conocer la razonabilidad y el fundamento de las mismas, así como su oportunidad. Sobre todo, como ocurre en este caso, cuando los problemas de transparencia y corrupción en la contratación no se han presentado en las subastas sino en las licitaciones y en las contrataciones directas, debido a que la selección por subasta ha sido hasta ahora de marginal utilización por parte de las entidades públicas. Solo hasta la expedición de la Ley 1150 del 2007, la subasta ha adquirido una carta de naturaleza que antes no tenía.
Es de dominio público por los especialistas en contratación, que los Decretos 1170 del 2008 (artículos 11 y 12) y 2474 del mismo año (artículos 22 y 90) autorizan en la actualidad que una subasta se adjudique si a ella solo acude un interesado. Lo mismo ocurre en materia de remates judiciales: los jueces pueden adjudicarlos si solo concurre un interesado, pues el artículo 533 del C. P. C., que no fue objetado por la Corte Constitucional en la sentencia T-569 del 2006, solo autoriza a declararlos desiertos por falta de postores.
Un oferente es legítimo
El mismo principio rige desde la expedición de la Ley 80 del 1993 en materia de licitaciones públicas: si a estas solo concurre un oferente, a este se le puede adjudicar. Tanto así, que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha estructurado una jurisprudencia consistente, según la cual la selección objetiva no tiene como prerrequisito la pluralidad de oferentes. Así está contenido al menos en tres providencias (29-05-03, rad. 14945; 02-06-04, rad. 15235; 03-12-2007, rad. 24715).
En telecomunicaciones también ha regido el mismo principio. En su momento, el artículo 53 del Decreto 741 de 1993 permitió que en la telefonía móvil celular hubiera adjudicación si solo se presentaba un oferente. Igual ocurrió en la asignación del servicio de P. C. S. En televisión, por ejemplo, Citytv accedió al canal que actualmente opera, a pesar de haber sido el único oferente en la licitación de ese entonces.
Ahora bien, si de combatir la corrupción se trata, cosa a la que nadie puede razonablemente oponerse, es bueno recordar que la posibilidad de adjudicar con un solo oferente se introdujo en Colombia porque el sistema contrario propiciaba prácticas corruptas y reñidas con la transparencia, habida cuenta de que no pocos funcionarios, invocando la prohibición del artículo 30, numeral 2.i del Decreto ley 222 de 1983, de adjudicar sin la concurrencia de dos oferentes, declaraban desiertas las licitaciones para contratar directamente y a dedo. Sería oportuno repasar también los Anales de Congreso y reflexionar sobre lo dicho por la entonces ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, en el trámite del artículo 72 de la Ley 1341 del 2009, cuando advirtió que no siempre la subasta incrementaba los recursos públicos o era paradigma de transparencia, debido a las colusiones y acuerdos que se podían presentar entre los eventuales postores. Sin que ello tenga que ver con asuntos de corrupción o de faltas a la transparencia, hemos estado en las que estamos, entre otras, porque dos de los interesados en el tercer canal decidieron no participar en el último momento en la licitación, pese a que, como lo acreditó en varias oportunidades y de manera pública la Procuraduría General de la Nación, nunca se coartó la posibilidad de su participación o concurrencia.
En otros países hay adjudicación cuando solo se presenta un oferente (España, art. 135.1 de la Ley 30/2007 y Argentina, art. 82 del Decreto 436/2000, entre otros). Es un asunto vinculado a los principios legales de eficiencia y economía, y no a la lucha contra
la corrupción. Así aparece consignado tanto en la Exposición de Motivos que originó la Ley 80 de 1993 como en el artículo 25.18 de esta. Como lo dice Marienhoff, uno de los más reputados especialistas en Derecho Administrativo en América Latina, "en nada obsta que, si solo se presentase 'una' persona haciendo oferta, si esta fuere satisfactoria, se acepte la misma y se le adjudique el contrato a dicha persona. Es este un supuesto de 'excepción' al 'principio' de oposición o concurrencia, que halla clara justificación en el hecho de que todo aquel que lo hubiese deseado, podía haberse presentado como oferente".
No es la primera vez que algunos sectores del Congreso intentan volver ley un artículo como el que aprobó la Comisión Primera, como tampoco que su aprobación coincida con los trámites del tercer canal. En el pasado pretendió hacerse lo mismo mediante el Proyecto de ley 347/09 Senado y 152/08 Cámara, el cual fue en su momento archivado.
Algunas consideraciones
Por último, dijo también el Ministro en 'RCN' que comparte el artículo aprobado porque "debe haber por lo menos dos personas para que la subasta se pueda dar, si no, no se puede hablar de subasta". No hay que echar más leña a la hoguera, pues ese es precisamente el tema que debe definir la Sala Plena del Consejo de Estado al resolver los recursos de reposición que la Procuraduría General de la Nación, otros ciudadanos y el suscrito interpusieron contra la providencia de la Sección Tercera de 19 de julio del 2010. Y no se debería proceder así, pues para arribar o separarse de tal conclusión, la Sala Plena tendrá que estudiar el fundamento de los recursos interpuestos, que plantean, entre otros, los siguientes interrogantes: ¿Habiéndose presentado un solo oferente en la licitación del tercer canal, por no haberlo hecho dos de los interesados que estaban inscritos en el RUO y a quienes no se les impidió su participación, puede resultar o no fallida dicha licitación y aplazada nuevamente la competencia en el servicio público de televisión de cobertura nacional? ¿Puede mantenerse la suspensión cuando el artículo 72 de la Ley 1341 del 2009 no exige en su literalidad la pluralidad de oferentes para adjudicar, sino la pluralidad de interesados para aplicar procesos de selección objetiva, entre ellos la subasta? ¿Deben resolverse tales temas al inicio del proceso o al momento de proferir la sentencia que ponga fin al mismo?
Sería censurable utilizar este medio para generar interferencias, y ese propósito resulta ajeno a estas reflexiones. Así las cosas, me pregunto: ¿Por qué no dejar, entonces, que el Consejo de Estado falle con los elementos que ya tiene? ¿Por qué vincular el artículo que la Cámara de Representantes ha aprobado con la adjudicación del tercer canal y referirse a los alcances jurídicos y conceptuales de la subasta, cuando es el Consejo de Estado el llamado a resolver el asunto?
Las preguntas son pertinentes, porque el Congreso, al derogar el artículo 48 de la Ley 182 de 1995 (que prohibía la adjudicación de las concesiones de televisión mediante subasta), ya había cambiado las reglas de juego que se habían aplicado en el otorgamiento de las concesiones hoy vigentes. Otra modificación más, como la que ya se frustró en el citado Proyecto de ley 347/09, mercería mucho más debate y mucha más explicación. Está de por medio la adopción de una decisión judicial importante y, por supuesto, la Sala Plena del Consejo de Estado. No es solo un problema de pertinencia, sino de oportunidad. Pero sobre todo de respeto a los jueces.
EX MINISTRO FERNANDO LONDOÑO DEVOLVIÓ LAS ACCIONES DE INVERCOLSA
Esto catorce años después de haber adquirido 145 millones de acciones de la sociedad.
El ex ministro devolvió los títulos cumpliendo una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá.
Ecopetrol, la propietaria actual de las acciones, confirmó que la entrega se efectuó hace un mes. La sociedad -que hace parte del portafolio de inversiones de la estatal petrolera- también dispondrá en los próximos días de 27.000 millones de pesos en rendimientos de los títulos que están en este momento en una fiducia.
Sin embargo, el pleito judicial por el control de las acciones de la sociedad no ha terminado, indicaron voceros del área jurídica de Ecopetrol. Londoño no se resigna a perder esa inversión y pidió a la Corte Suprema de Justicia que revise el caso en un recurso de casación.
El ex Ministro dijo que cedió parte de las acciones a la compañía panameña Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana (Afib), que alega haber recibido los títulos en pago de una deuda que Londoño contrajo con el Banco del Pacífico.
Afib, que cuenta en este momento con 239 millones de acciones de Invercolsa y 24.000 millones de pesos en rendimientos, dijo al Tribunal que está dispuesto a suscribir una caución a favor de Ecopetrol por cualquier prejuicio mientras se produce un fallo definitivo, pero pide entre tanto mantener el control de las acciones.
TRES ARTÍCULOS CALIENTAN EL DEBATE SOBRE LEY DE VÍCTIMAS
El ministro Germán Vargas les pidió a los congresistas no regresar la discusión a debates superados.
La U' tiene objeciones que defenderá en Comisión I, donde la iniciativa inicia penúltimo debate.
Son al menos tres los artículos que prometen enredar a partir de mañana la discusión de la Ley de Víctimas en la Comisión Primera del Senado.
Qué entidad manejará la reparación, si deben comprometerse los beneficiarios de la norma a no acudir luego a la reparación judicial y la definición de víctima, son puntos que pueden alargar las discusiones.
Aunque la ponencia para el debate ya está radicada, en la Comisión tienen claro que estos temas quedaron pendientes para que los discutan sus 19 integrantes.
Los principales reparos parece que llegarán por el lado de 'la U'. De acuerdo con el senador Roy Barreras, la implementación de la Ley de Víctimas, una vez aprobada, debe estar a cargo de Acción Social, un organismo que adquirió bastante protagonismo durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.
El congresista aseguró que "montar un nuevo aparato retrasará la aplicación de la norma y generará más burocracia, mientras que Acción Social está lista".
Sin embargo, el senador liberal Juan Fernando Cristo, coordinador de ponentes, cree que hay que tener una entidad independiente, que funcione y que solo esté dedicada al tema. "No habrá más burocracia; se vinculará a funcionarios del Gobierno que están manejando este asunto", dijo.
Barreras también señaló que en el proyecto se debe incluir que las víctimas firmen lo que llamó un "contrato de transacción", para evitar que reciban indemnización administrativa y luego busquen la reparación judicial.
A su juicio, "no es responsable" aprobar una ley "que se vuelva barril sin fondo y ponga en riesgo el presupuesto nacional de los próximos 10 años".
Pero Cristo asegura que sería inconstitucional negarle a alguien el acceso a la Justicia.
Mientras tanto, el Polo y los verdes creen que del concepto de víctima no se puede excluir a los guerrilleros que han sido víctimas de violación de derechos humanos. "Si lo hacemos, este punto será reclamado en la revisión constitucional de la Corte", dijo el senador Jorge Londoño, del Partido Verde.
En lo que todos coinciden es en que la discusión de los 198 artículos será lenta y generará mucho debate.
POR UNA DESIGNACIÓN RESPONSABLE
Por: Gloria María Borrero Restrepo *
Hay que darle grandeza al CSJ. No puede haber equivocaciones en la designación de sus miembros. Esa es una responsabilidad de las Cortes en su calidad de electoras.
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Compartir 0Está por renovarse la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) por el retiro voluntario y prematuro del magistrado Jesael Giraldo. En junio saldría Hernando Torres, al llegar a la edad de retiro forzoso, y en diciembre, José Alfredo Escobar, a quien se le vence el periodo. Es decir, en menos de 10 meses cambiará el 50 por ciento de esta corporación.
El CSJ carga con varios años de desprestigio, al punto de que el Gobierno está proponiendo sustituirlo por otro organismo, con una composición diferente. La idea de eliminar el Consejo no es nueva y fue una de las promesas incumplidas del presidente Álvaro Uribe. Serán estos magistrados los encargados, bien sea de la transición hacia un nuevo esquema, o de la reestructuración de la entidad, para que cumpla a cabalidad con su función constitucional.
Esta renovación es una oportunidad para que la designación se haga con responsabilidad y atendiendo a un perfil adecuado para desempeñar las funciones de gobierno, regulación, administración y control de la gestión judicial. No es cualquier perfil y no se pueden atender solo los generales requisitos constitucionales, que son únicamente habilitantes para aspirar al cargo. Cumplir con estos últimos no garantiza la idoneidad. Estamos ante la designación de cargos de talla ministerial.
También es una oportunidad para configurar una sala heterogénea, pero complementaria, en sus orígenes (carrera judicial, academia, sector privado y público administrativo) y en experticias (gerencia, finanzas, administración, jurisdicción, diseño de políticas públicas, etc.).
Ojalá la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, a los que compete la elección, acuerden con anticipación los perfiles que necesita el gobierno judicial del momento y no se cometan los errores del pasado. Como aquellos nombramientos en los que priman criterios políticos, o el pago de favores personales, como el acceso a cuantiosas pensiones, o la selección de personas que ven su paso por la CSJ como un trampolín para llegar a una de las otras altas cortes, lo cual hace que su función de gobierno se conjugue con campañas personales que perjudican la administración de justicia.
A cada uno de los candidatos inscritos hay que mirarlos desde diferentes perspectivas: idoneidad de su formación y experiencia profesional para el perfil del cargo que se defina; trayectoria; condiciones éticas y personales, así como sus eventuales conflictos de interés.
Hay que darle grandeza al CSJ. No puede haber equivocaciones en la designación de sus miembros, y esa es una responsabilidad exclusiva de las cortes en su calidad de electoras. Podrían aprovechar esta coyuntura para adelantarse a uno de los objetivos de la reforma constitucional propuesta, ajustando la composición de este órgano desde ya, para que pueda cumplir de manera eficiente las funciones que le han sido encomendadas.
Elección Visible le hace seguimiento a este proceso, que esperamos se caracterice por su meritocracia y transparencia, que permita audiencias públicas televisadas, reglas de juego preestablecidas y difundidas, espacios para que los ciudadanos puedan presentar opiniones o tachas comprobables sobre los candidatos, y, sobre todo, que evite el lobby clandestino.
La Corte Constitucional ya publicó la lista de los 134 aspirantes a ocupar la vacante del doctor Giraldo, que se puede consultar en los sitios web de esta entidad y de Elección Visible.
Señores magistrados: la suerte del Consejo Superior de la Judicatura está en sus manos.
EL ESPECTADOR
IVÁN MORENO RENUNCIÓ AL POLO Y AL CONGRESO
Minutos antes de conocerse la renuncia, el Partido lo había suspendido por tres meses.
Polo suspende por tres meses a Iván Moreno
El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Moreno Rojas, presentó su carta de renuncia al partido.
La carta enviada a la colectividad busca que se le permita dedicar todo su tiempo a defenderse a las acusaciones por el carrusel de la contratación.
Su renuncia al Polo suscita que deja también el cargo de senador pues la curul es del partido y no de él. En su reemplazo entrará Parmenio Cuellar.
La decisión se dio pocos minutos después de conocerse que Moreno fue suspendido por tres meses por el Comité de Ética del Polo.
Esa determinación tuvo origen en los daños que pudo ocasionarse el caso de corrupción en la ciudad.
"YO ESCUCHÉ SOBRE DINEROS PARA ELEGIR UN FISCAL": 'EL ALEMÁN'
Freddy Rendón acusó al excomisionado Luis C. Restrepo de no sólo de permitir desmovilizaciones ficticias sino de frenar otras reinserciones de quienes hoy son bandas criminales.
Los dineros de 'Macaco' por un fiscal
En entrevista con Caracol Radio, el excomandante del bloque Elmer Cardenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, dijo haber escuchado en la cárcel que entre paramilitares y narcotraficantes se estaba recogiendo dinero para intentar asegurar la elección de un Fiscal General de la Nación.
Aunque no aceptó haber colaborado en la llamada ‘colecta’, por lo menos confirmó las versiones reveladas por WikiLeaks –a través de El Espectador– respecto de que Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, habría liderado la búsqueda de $5 mil millones para asegurar la elección de Mario Iguarán como Fiscal General.
Según dijo a Caracol Radio, alias ‘El Alemán’ desde la cárcel La Picota de Bogotá, él conoce de varios procesos de desmovilización y reinserción de paramilitares que se hicieron de forma fraudulenta.
Dijo que hubo más de falsas desmovilizaciones dentro del proceso de paz que se dio con las AUC durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Para Herrera no hubo control ni filtros por parte del excomisionado Luis Carlos Restrepo y “muchísima gente se coló en la desmovilización”.
En ese sentido, recordó que de algunas estructuras de Autodefensas los mismos comandantes “llevaron el primo y el vecino” al proceso. Sin embargo, aseguró desconocer que se diera el pago de dinero para que se ‘colaran’ falsos desmovilizados. Señaló que sólo sabe de delincuentes comunes o campesinos sin empleo que buscaban recibir el subsidio del programa de reinserción.
De otro lado, acusó a Restrepo de no permitir que varios bloques paramilitares se desmovilizaran. Herrera indicó que muchos de esos hombres que el excomisionado no permitió reinsertar, actualmente son quienes conforman las bandas criminales.
EL NUEVO SIGLO
CON VARIAS PROPUESTAS ARRANCA EN SENADO TERCER DEBATE DE VÍCTIMAS
El proyecto figura en el orden del día después del de ordenamiento territorial
La radicación la semana anterior de la ponencia para tercer debate en Senado de la ley de víctimas de la violencia fue recibida con satisfacción por el presidente Santos, especialmente destacó que la misma contó con el respaldo de todos los partidos al suscribir el documento. Sin embargo esto no quiere decir que se hayan zanjado todas las diferencias que expresaron los ponentes, las cuales aflorarán a partir de mañana cuando la Comisión Primera iniciará el análisis de la iniciativa
Propuestas de La U
La U fue la única colectividad que presentó salvamentos en la ponencia para tercer debate, en la que da por sentado que a pesar de que suscribe al documento es partidaria de que no se cree una entidad para que ejecute la reparación a las víctimas sino que para evitar más gastos al Estado, Acción Social se ocupe de esa tarea. Además de que las personas que sean reparadas de forma administrativa renuncien a demandar, luego, al Estado por la vía judicial.
El senador y ponente por el Partido de La U, Roy Barreras, se mostró confiado en que los partidos que integran la coalición de gobierno apoyen estas iniciativas en los dos últimos debates que les restan al proyecto.
“Estos dos puntos están concertados con el propio presidente Santos y apoyados por el Gobierno. La posición del partido de La U es concertada con el presidente Santos y él pidió, por supuesto, que la coalición nos acompañe y acompañe también al Presidente en estos dos puntos”.
Expectativas de conservadores
El senador Hernán Andrade dijo que pese al avance que el proyecto tiene en su trámite hay varios aspectos por aclarar como es establecer el número real de desplazados que hay en el país, ante los casos de aprovechamiento de esta condición para recibir las ayudas del Estado.
Añadió que es importante considerar la posibilidad de que la restitución de tierras se pueda dar por la vía administrativa, de forma adicional a la judicial.
Aspiraciones verdes
Con excepción de la definición de víctima, el articulado del proyecto para tercer debate llena las expectativas del Partido Verde, señaló el ponente por esta colectividad, senador Jorge Londoño.
El legislador explicó que durante la elaboración de la ponencia “hicimos una salvedad sobre la definición de víctima, que de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario es una definición que no distingue. Víctima es la persona que se haya puesto en estado de indefensión, venga de donde venga”.
Polo insistirá en fecha
El Polo insistirá en modificar la fecha desde cuando el proyecto considera la condición de víctima, la ponencia señala 1º de enero de 1986; mientras que para restitución de tierras es 1º de enero de 1990.
“Nosotros consideramos que debe haber una fecha uniforme tanto para la indemnización como para restitución de tierras, y esa fecha uniforme debe ser 1º de enero de 1980”, señaló el senador y ponente Luis Avellaneda.
También, entre otras observaciones, el Polo tiene propuestas sobre definición de víctima, en el sentido de que un menor reclutado debe ser considerado bajo esta condición y, eventualmente un victimario si se le viola el Derecho Internacional Humanitario.
Liberales no apoyan puntos de La U
Por su parte, el senador y coordinador de ponentes, Juan Fernando Cristo, previó que en los dos últimos debates surgirán muchas propuestas, sin embargo consideró que las diferencias fundamentales son las manifestadas por La U, es decir que Acción Social sea la entidad que se encargue de ejecutar la reparación a las víctimas, y que las personas indemnizadas administrativamente renuncien a la vía judicial.
“Esa es una propuesta de La U, es inconstitucional, antitécnica que victimiza a las víctimas”, concluyó.
LA SILLA VACÍA NO VIOLA LA CONSTITUCIÓN: EXPERTOS
Ex magistrados señalan que esta figura no representa una restricción desbordada del derecho a la representación política
LA SILLA vacía, contemplada en la reforma política del 2009, no transgrede ningún principio constitucional, le dijeron a EL NUEVO SIGLO expertos en la materia, después de conocerse que hace trámite en la Corte Constitucional una demanda de inexequibilidad contra esta figura, que hasta este momento ha sido aplicada una vez en el Congreso.
La ley reforma a la Constitución en su artículo 134, al agregarle: “no podrá ser reemplazado un miembro de una corporación pública de elección popular a partir del momento en que le sea proferida orden de captura, dentro de un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad. La sentencia condenatoria producirá como efecto la pérdida definitiva de la curul, para el partido al que pertenezca el miembro de la Corporación Pública”.
La demanda aduce que esa vulneración ocurre al sustituirse la Constitución, “pues el régimen de reemplazos establecido en la norma demandada es un eje definitorio de la Carta, ya que afecta el querer del elector y la representación, por lo cual el Congreso carece de competencia para modificarlo”.
Sin embargo, en su concepto, el procurador Alejandro Ordóñez le pidió a la Sala Plena de la Corte Constitucional no estudiar la demanda, pues ésta ya caducó, debido a que las demandas contra los actos legislativos se deben presentar como máximo, un año después de que cobren vigencia.
El ex presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, señaló que no se viola el principio de representación política, porque se está velando por la transparencia de esa representación: “Desde el auto mismo de detención de un miembro del Congreso, en ejercicio de sus funciones, él no puede ser reemplazado. A mí me parece que en eso no se lesiona el derecho de representación política, sino que lo que se está velando es por el principio de transparencia, para que la representación política sea genuina, sea legítima y no sea producto de la presión indebida sobre los electores”.
“Eso fue lo que se quiso, de manera que me parece que la finalidad que se persigue es de carácter democrático para excluir del Congreso a los que llegaren de esa manera. Seguramente, por aspectos de fondo, esa norma constitucional no será objeto en la Corte de declaración de inexequibilidad”, señaló el ex magistrado.
Por su parte, el también ex presidente de la alta Corte, Eduardo Montealegre, manifestó que aunque no cree que el alto Tribunal analice la demanda, pues tratándose de actos legislativos sólo pueden ser revisados posibles vicios de forma y no de fondo, el magistrado señaló que en la norma a pesar que hay una limitación al derecho de representación, no es desproporcionada: “A mí me parece que el hecho de la silla vacía, por muy discutible que sea, no es una reforma que afecte la estructura básica y fundamental de la Constitución, son medidas absolutamente temporales. Es una limitación a la representación política, pero todos los derechos constitucionales pueden ser limitados. En este caso lo que hay es una restricción temporal de un derecho fundamental, mientras se practica el proceso, y si la persona finalmente es absuelta, pues inmediatamente puede volver a ocupar la curul”.
“Esa es una restricción que no me parece desproporcionada, es razonable, porque de lo que se trata es de proteger otros valores políticos, porque si se trata de una curul obtenida presuntamente mediante medios delictivos, obviamente que hay una finalidad o hay un fin que justifica la restricción”, afirmó el jurista.
De otro lado, otro de los ex presidentes de la Corte, José Gregorio Hernández, expuso que en caso de que sea revisada la demanda, a pesar que ya ha caducado, sería declarada exequible, pues no hay ninguna restricción de derechos fundamentales.
“Si la Corte ha pesar de la caducidad, entrara a resolverlo, yo creo que esa norma no viola la Constitución política, no hay ninguna restricción alguna de un derecho fundamental, ni hay tampoco una sustitución de la Constitución de 1991. Es el constituyente el que ha señalado unos principios básicos y ha considerado, que en ese poder de reformarlos que tiene, a través del Congreso, puede modificar la Constitución, en el sentido de que alguien que esté en esa situación, no puede seguir perteneciendo al Congreso y que el partido no puede seguir siendo representado”, anotó Hernández
GRATUIDAD EN SALUD: 665 MIL PACIENTES
Servicios gratuitos en salud han recibido, desde el 2008, más de 430 mil adultos mayores, 179 mil menores de 5 años y 56 mil personas en condición de discapacidad severa.
Pese al panorama poco alentador de la salud pública del país en los últimos años, Bogotá es la primera ciudad en Colombia y de las pocas en América Latina, que entrega servicios totalmente gratuitos en salud a estos tres grupos vulnerables de la población.Elizabeth Torrado es una de las beneficiadas del proyecto. A sus 32 años, como madre cabeza de familia debe responder por sus dos hijos, Santiago de 4 años y Nicolás de 2 años, quien nació con discapacidad motriz. Esta mujer que vive en la localidad de Usme y obtiene recursos para mantener a su familia de un negocio informal de venta de comidas rápidas, es beneficiada del programa de Gratuidad en Salud, por que sus dos hijos reciben desde hace más de dos años atenciones gratuitas en salud.
Con el programa y cuidado de Elizabeth, sus hijos han crecido saludables y en especial Nicolás, quien ha recibido atención especializada para el tratamiento de su discapacidad. “Para una mujer de mis condiciones, sin el apoyo de un esposo, sin un trabajo que le de estabilidad a mi familia, poder acceder gratis a los servicios de salud es una gran bendición, con Nicolás por ejemplo se necesitan terapias especiales y aparatos que le ayuden a desarrollarse y yo no tendría como darle todas esas cosas especiales que mi hijo necesita”, expresó.
Antes de ponerse en marcha el programa de Gratuidad en Salud instaurado el gobierno del alcalde Samuel Moreno existía gratuidad exclusivamente para mujeres embarazadas, niños menores de un año y personas con enfermedades de alto costo con Sisbén nivel I
LAS TEORÍAS DEL PROCURADOR
Por HORACIO GÓMEZ ARISTIZÁBAL
Profundamente convencido el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, soltó un puñado de verdades en sesuda conferencia en el Jockey Club, organizada por el Centro de Estudios Colombianos, con motivo de las Bodas de Oro de esta institución académica.
Empezó por analizar a la familia, base insustituible de la Nación. Napoleón repetía: “Si queréis una Patria fuerte, dadme una familia fuerte”. Sostuvo Alejandro Ordóñez lo vulnerable que se ha vuelto la familia. Ya no es la poderosa fuente de energía moral de otras épocas, ni el centro de los valores y principios. Hay que luchar para que la familia vuelva a ser la más eficaz educadora de las nuevas generaciones. El hogar ejemplar de cariño, ternura, enseña a ser solidario, inculca sabias enseñanzas y, lo que es más importante, impacta por los comportamientos éticos. Cuando no hay moral todo está permitido. Según el Tribunal Eclesiástico el 30 por ciento de las familias se disuelve por la inmadurez, irresponsabilidad, crisis económica y otros motivos. Las víctimas de estos episodios son los niños y adolescentes que terminan dominados por la droga, la frustración y el vicio.
Destacó el procurador Alejandro Ordóñez la influencia de los medios en la población y especialmente en la infancia y la juventud. Para el niño la TV es algo decisivo. Lo que aparece en la TV o en Internet lo marca perdurablemente. El contagio psicológico produce estragos. Y los medios dedican el 95 por ciento de sus espacios a difundir crímenes, terrorismo, frivolidad y multitud de comportamientos antiéticos. Millones de compatriotas -sobre todo jóvenes- dedican el 90 por ciento del tiempo ocioso a los medios. Y como los mensajes son insustanciales, negativos e incitadores, el daño es irreparable.
Otro tema tratado en esta memorable asamblea académica fue el dinero fácil. El dinero, desde luego es un instrumento de cambio. Todo depende del manejo que se le dé, desde el punto de vista moral. El oro excita el deseo. El dinero provoca la envidia, el orgullo, la soberbia, el machismo, la avaricia, el egoísmo.
Al final el Procurador mencionó una anécdota de un santandereano, Pedro Elías Ardila, quien sentenció: “La mejor Constitución para Colombia es una que diga lo siguiente: el que manda manda; el que la hace la paga, y la jurisprudencia de esto”. Intervinieron entre otros los académicos e intelectuales Carlos Corsi, Camilo Orbes y el Secretario, Gilberto Caicedo. El Procurador citó interesante sentencia de Bernanó de su libro ¿La libertad para qué?: “Ser reaccionario quiere decir simplemente estar vivo, ya que sólo los cadáveres no reaccionan contra los gusanos que los devoran. Esa es la tarea de los reaccionarios, permanecer vivos, portar los gérmenes de vida dentro del cuerpo agonizante del Estado”.
El suscrito como presidente del Centro de Estudios Colombianos lanzó la urgencia de reformar el sistema pensional de Colombia, no atacando a los menesterosos, exigiéndoles más años para una pensión -la que resultaría funeraria- sino moderando pensiones faraónicas de cerca de 300.000 privilegiados, que se jubilan con 18 ó 20 millones mensuales. Dice la Constitución que todos somos iguales. ¿Por qué unos pocos se pensionan antes de los 50 años? Esto no es la igualdad democrática de que tanto se habla.
REVISTA SEMANA
¿Al fin?
Esta semana, el alto representante de Comercio, Ron Kirk, anunciará qué debe hacer Colombia para que el Tratado de Libre Comercio sea aprobado por el Congreso norteamericano. Pedirán una mayor protección a los derechos sindicales, investigar los asesinatos de sindicalistas y una reforma a las leyes que permiten la formación de cooperativas.
Este miércoles, por primera vez desde que se firmó el TLC con Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama dirá qué debe hacer Colombia para que el Congreso en Washington apruebe el tratado.
El pasado 17 de diciembre, Robert Gibbs, entonces portavoz del presidente norteamericano Barack Obama, le echó un baldado de agua fría al TLC suscrito hace más de cuatro años por Colombia y Estados Unidos, al afirmar que "en los próximos meses" su jefe no iba a someterlo a consideración "ni de la Cámara de Representantes ni del Senado". Pero ahora, diez semanas después, la realidad se ha encargado de taparle la boca: todo indica que el tratado, que yacía moribundo en un cajón de la Casa Blanca desde cuando fue firmado, el 22 de noviembre de 2006, resucitará de verdad el miércoles de esta semana.
Ese día, por primera vez, el gobierno de Estados Unidos, por boca de Ron Kirk, alto representante de Comercio (Ustr, por su sigla en inglés), anunciará qué debe hacer Colombia para que la Casa Blanca le envíe el TLC al Congreso. La comparecencia de Kirk se producirá en una audiencia del Comité de Finanzas del Senado, presidido por el demócrata Max Baucus, partidario del acuerdo y quien acaba de estar en Bogotá. Se cree que entre las cosas que Kirk va a solicitarle a Colombia están una mayor protección a los derechos sindicales, una investigación más eficaz a los asesinatos de sindicalistas y una reforma a las leyes que permiten la formación de cooperativas, pues según Estados Unidos favorecen a los empresarios pero perjudican a los trabajadores.
Ninguna de esas exigencias es nueva. El gobierno de Obama hablaba de ellas un día sí y otro también, porque se las había oído a las centrales obreras gringas, encabezadas por la AFL-CIO, que constituyen un apoyo electoral y financiero al partido del presidente norteamericano. Lo raro es que Kirk se haya atrevido a fijar una fecha para anunciarlas y para establecer un cronograma, cuando el propio Gibbs se la pasaba argumentando que el TLC no contaba con los votos suficientes en el Congreso. ¿Qué pasó para que Obama cambiara de opinión entre diciembre y marzo?
Hay varias razones. La primera de ellas tiene que ver con los comicios legislativos de noviembre, cuando la oposición republicana recobró la mayoría de los 435 escaños de la Cámara. Eso implicó no solo el retorno de los partidarios del libre comercio a la Cámara, sino la elección como presidente del organismo de John Boehner en reemplazo de Nancy Pelosi, a quien los republicanos le están cobrando su oposición al TLC. Otra razón es el cambio de tono que el presidente Juan Manuel Santos le ha impuesto al diálogo con Washington. De las declaraciones altisonantes de Álvaro Uribe, que a muchos demócratas, a los sindicatos y a las ONG gringas les caían como una patada en el estómago, se ha pasado a una conversación tolerante y sosegada.
Pero hay un motivo adicional por el que Obama se ha visto forzado a cambiar y es que todo el mundo en Washington, aun miembros destacados de su gabinete, le pide a gritos que por razones económicas haga aprobar el TLC en lo que queda del año. La semana pasada lo hicieron la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el secretario del Tesoro, Timothy Geithner. El miércoles, el turno fue para 67 republicanos de la Cámara, entre los que se incluyen los mismos miembros del Tea Party recientemente elegidos, que, según Gibbs, no querían el TLC. Como si fuera poco, también se conoció una carta de seis antiguos Ustr a Obama en la que advierten que las exportaciones agrícolas norteamericanas han caído un 48 por ciento anual desde 2008, debido a la reticencia de la Casa Blanca a respaldar el tratado, lo que perjudica a los trabajadores estadounidenses.
En resumen, a Obama lo tienen loco con el tema, que se ha vuelto reiterativo en la política interna de Estados Unidos. Ya se le acabaron las excusas. A él le corresponde dar el paso este 9 de marzo cuando Kirk pise el Congreso. Fiel a su estilo, es probable que a última hora resuelva subirse al bus del TLC y que, cuando venga a la Cumbre de las Américas en Cartagena el año entrante, no llegue con las manos vacías.
"COLOMBIA DEBE DECIDIR SI SEGUIMOS ADELANTE CON LAS BASES
"Por María Jimena Duzán
“Estamos esperanzados en que el tema del TLC se resuelva este año”
EN PLATA BLANCA El embajador de Estados Unidos, Michael McKinley, habló sobre WikiLeaks, derechos humanos, la nueva agenda bilateral y el TLC.
MARÍA JIMENA DUZÁN: ¿Cada vez que ve que sale un 'wikileaks', se le sube la bilirrubina?
MICHAEL MCKINLEY: Hemos dicho que con ese escándalo se le hizo un daño a la confidencialidad de la diplomacia no solo norteamericana, sino a la diplomacia internacional. Ahora, como comprenderá, no voy a comentar sobre cables puntuales.
M.J.D.: Para mí fue una sorpresa saber que su gobierno estaba tan preocupado por los 'falsos positivos', pero también por las 'chuzadas' del DAS y por la parapolítica… No hay mal que por bien no venga...
M.M.: No tiene que extrañarle a nadie que mucho de nuestro enfoque en las relaciones con Colombia esté vinculado al tema de los derechos humanos. En la última década ese fue un tema central cuando se empezó a hablar sobre el TLC. Y también fue un tema central alrededor del Plan Colombia. Después de 2007 hubo un mayor enfoque en la asistencia en fortalecimiento al sector judicial: apoyamos la formación de salas de audiencia, versiones libres, programas de protección a sindicalistas, activistas de los derechos humanos.
M.J.D.: Por cuenta de WikiLeaks, el gobierno Uribe queda como súbdito de la embajada norteamericana. ¿Algún comentario?
M.M.: Ese es un comentario que se ha hecho en muchísimos países. El gobierno norteamericano tiene relaciones muy estrechas con muchos países, las cuales se han establecido hace décadas. Trabajamos con la sociedad civil, con los de seguridad, con los políticos. Yo no veo nada de malo. Esa es la fuerza de la diplomacia norteamericana.
M.J.D.: Bueno…pero es que siempre da grima ver al entonces vicepresidente Santos mandándole razones con el embajador norteamericano al presidente Uribe para que se diera cuenta de la gravedad de las 'chuzadas' del DAS.
M.M.: Ya le he dicho que no voy a comentar puntualmente ningún cable. Lo que sí le diría es que en esta tormenta de WikiLeaks se está olvidando que hace décadas tenemos un sistema -The Freedom of Information Act-, en el que ciudadanos, no solo norteamericanos, pueden tener acceso a las relatorías del Departamento de Estado.
M.J.D.: Pero el acceso es 20 años después…
M.M.: No, eso no es así. Ha habido relatorías que salen después de algunos años. Lo que pasa es que se establecen límites de divulgación para proteger las fuentes. Pero de que tenemos el sistema más abierto del mundo no tengo la menor duda. El mundo conoce cómo funciona nuestro gobierno, porque en muchos sentidos hemos sido un libro abierto, y eso es una muestra de nuestra fortaleza como nación.
M.J.D.: En el único discurso suyo que encontré en Google desde que llegó a Colombia como embajador, usted habla de temas como el medio ambiente, ciencia y tecnología y, por allá al final, habla del narcotráfico… ¡Qué cambio!
M.M.: Esa es una reflexión de lo que está pasando en su país, que no se quiere quedar en cuestiones de seguridad y narcotráfico. Para mí es un honor ser parte de esta agenda enfocada hacia el futuro.
M.J.D.: Ni siquiera mencionó el polémico acuerdo de las siete bases. ¿Significa que se archivó?
M.M.: Eso es algo que el gobierno colombiano decidirá. Solo podemos decir que las negociaciones se llevaron a cabo en buena fe y que había interés en formalizar una cooperación que ya existía. Seguiremos trabajando sobre esas bases.
M.J.D.: ¿Y cuáles serían esas bases?
MM: ¡Perdón! quería decir,: sobre ese ámbito. No me meta en problemas.
M.J.D.: Gracias por la aclaración. Sin embargo, hay la sensación de que desde la llegada de Obama las relaciones se han ido 'habanando'. Se redujo la plata del Plan Colombia, sigue embolatado el TLC y, encima de eso, no nos aprobaron las preferencias arancelarias…
M.M.: Vamos por partes. Lo del Plan Colombia estaba planeado así y eso se acordó desde un principio con el gobierno colombiano. Al inicio el enfoque era más concentrado en los temas de seguridad, porque el desafío era muy grande. Pero al paso que mejoraba la situación hubo un cambio de enfoque y el porcentaje cambió: antes cerca del 80 por ciento se dedicaba a asuntos de seguridad y narcotráfico; hoy yo diría que más del 50 por ciento está dedicado a otros temas. En Justicia y Paz hemos invertido 100 millones de dólares en capacitación a fiscales, investigadores, colaborando con la justicia para las entrevistas de los extraditados. Desde 2008 hay cerca de tres mil colombianos que han tenido acceso a los 23 jefes de las AUC, especialmente desde que decidimos concentrar el año pasado en dos cárceles norteamericanas.
M.J.D.: Pero el TLC sigue embolatado y no se prorrogaron las preferencias arancelarias.
M.M.: Comparto esa frustración, pero hay que recordar que llevamos 19 años -¡repito, 19 años!- con las preferencias arancelarias y eso muestra un compromiso sostenido. Lo que pasa es que de vez en cuando hay asuntos de política interna que no tienen nada que ver con Colombia, que interfieren. Pero además, esta no es la vez primera que hay dilaciones. En cuanto al TLC, eso sí entra en un debate en temas relacionados con los derechos laborales y derechos humanos. Es cierto que en los últimos tres años el tema del TLC no ha avanzado, pero en las últimas semanas ha habido un impulso importante y estamos esperanzados en que esto se puede revolver este año, como lo dijo esta semana la secretaria de Estado Clinton. Pero si me pide fecha, no me atrevo a darle una.
M.J.D.: El presidente Obama está de gira por América Latina, pero Colombia no fue incluida. ¿Así se trata a un socio estratégico?
M.M.: Sé que eso ha causado impacto, pero tenemos que tomar en cuenta que la Cumbre de las Américas va a ser en Cartagena y habrá visitas del más alto nivel. Lo que me gustaría enfatizar es lo contrario: desde que llegó el presidente Santos ha habido una mayor profundización en temas como la cooperación que tendremos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el hecho de que es nuestro socio en la seguridad en la región y en el campo de la capacitación en otros países en temas policiales. Y desde luego, hemos aplaudido la baja de tensión en la región.
M.J.D.: Veo que ha gustado la decisión del presidente Santos de no pelear con los vecinos…
M.M.: Sí. Cualquier iniciativa que baje las tensiones regionales es grata.
M.J.D.: Lo noto más contento con este gobierno que con el anterior.
M.M.: ¡Nooo!... le repito: no me meta en problemas. Lo que pasa es que las relaciones evolucionan. El campo está abierto para trabajar otros temas, y como el mundo también cambia, se abren perspectivas para profundizar el apoyo al medio ambiente, al proceso de restitución de tierras y de titulación, que es una iniciativa que tendrá un impacto profundo e histórico.
M.J.D.: Si nos siguen parando bolas, ya el presidente Santos dijo que nos íbamos a ir donde los chinos para que nos construyeran un canal interoceánico…
M.M.: Eso no es un desagrado para nosotros. Es importante que Colombia diversifique su comercio a nivel mundial y que esté negociando TLC con países asiáticos, con Europa y con Mercosur. Con China tenemos unas fuertes relaciones: exportamos cerca de noventa mil millones a ese país y ellos nos exportan aún más -la cifra es algo más de doscientos mil millones-. Es entendible que los países quieran tener relaciones con el país que es la segunda economía del mundo.
M.J.D.:…Y que va camino a convertirse en la primera.
M.M.: ¡Ahí sí me vuelvo nacionalista!... Yo creo que por un buen tiempo seguiremos siendo los primeros en la economía global.
M.J.D.: ¿Van a seguir colaborando para que los paras extraditados puedan seguir dando sus versiones a pesar del impacto interno que esto está teniendo?
M.M.: Sí la vamos a seguir apoyando. Pero además, le recuerdo que el impulso en este tema ha venido del gobierno Uribe.
M.J.D.: ¿Del gobierno de Uribe?... ¿No será más bien de la Corte Suprema?
M.M.: Diría que del Estado.
M.J.D.: Una respuesta muy diplomática.
M.M.: Mire, este sistema de colaboraciones no es nuevo. En los noventa tuvimos una gran colaboración. El proceso de extradición es único en el mundo: 1.200 personas han sido extraditadas.
M.J.D.: Pero hay la sensación de que la extradición se está convirtiendo no en un acicate, sino en una opción para que los narcos colombianos negocien con la justicia norteamericana penas muy bajas…
M.M.: Este tema se ha presentado desde que yo llegué, y tengo que confesar que no lo he investigado. Pero le diría que de los que han sido extraditados, la gran mayoría han terminado en la cárcel con penas muy duras. Si ha habido casos como el que usted señala, le aseguro que son la minoría. Pero además, la cooperación en este campo también se hace en sentido contrario.
M.J.D.: ¡Pero si son muy pocos los norteamericanos que pedimos en extradición!
M.M.: Le quiero informar que en los últimos años las investigaciones de la Policía y de la justicia en temas de narcotráfico están brindando en muchos casos información para casos que se procesan en Estados Unidos.
M.J.D.: Como historiador, ¿qué es lo que más le impacta de Colombia?
M.M.: Lo que más impacta a todos los que vienen a estudiar este país es la estabilidad de partidos a través de 150 y pico de años, de sus instituciones democráticas, de la vigencia de las ideas democráticas y, en los últimos sesenta años, la estabilidad económica.
M.J.D.: ¿Y la violencia?
M.M.: Obviamente la violencia es parte de la historia de Colombia. Pero es también la historia de muchos países, incluido el mío.
M.J.D.: Entre Santander y Bolívar, ¿quién le gusta más?
M.M.: No me meta en ese problema, que eso puede acarrearme más complicaciones que la confusión que tuve con usted en torno al tema de las bases.
LAS AVENTURAS DE SÚPER MARIO
Por Daniel Coronell
Uribe ejerció enorme influencia en la conformación de la Corte Constitucional, sostenía conversaciones llamativas para los investigadores y acomodó cargas burocráticas de políticos cuestionados
El exsenador Mario Uribe, condenado por nexos con paramilitares, afirma que hay una persecución en su contra. Dice que no es el hombre poderoso que pintan los medios y que escasamente tenía relación con el gobierno de su primo segundo. Una serie de intercptaciones telefónicas, ordenadas por la justicia, contradicen al exsenador.
Mario Uribe ejerció una enorme influencia en la conformación de la Corte Constitucional, sostenía conversaciones llamativas para cualquier investigador y acomodó cargas burocráticas de políticos cuestionados.
Una de esas grabaciones muestra cuánto tuvo que ver en la estrategia para elegir como magistrado al entonces secretario jurídico de la Presidencia, Mauricio González.
En la conversación, el hoy magistrado de la Corte Constitucional le da la buena nueva a Mario Uribe sobre su inclusión en la terna: "Recordé sus buenos deseos en meses anteriores, cuando esto andaba muy crudo, y pues quería contarle, doctor Mario, pues esperando que tenga la posibilidad de contar con su apoyo".
En respuesta, Mario Uribe le solicita que la terna vaya "limpia". Limpia quiere decir que los otros dos candidatos no tengan opción de ser elegidos: "Que le pongan dos personas que no aspiren, yverá, hombre, que nos ayudan mucho". (Ver conversación)
En agosto de 2007 la terna fue presentada. Acompañaban a Mauricio González dos abogadas con más prestigio jurídico que él, pero sin posibilidad política. Ellas eran Ilva Myriam Hoyos, actual procuradora delegada, y Cristina Pardo, hoy secretaria jurídica de la Presidencia.
En la conformación de la "terna de uno", el gobierno dio por descontado que las ilustres juristas se sentirían halagadas por la inclusión y se prestarían silenciosamente a la elección de González.
Jamás esperaron que la maniobra se estrellara con un gesto de dignidad de las "candidatas de relleno": las dos renunciaron a la nominación. Su decisión mostró los dados cargados con los que el gobierno jugaba en estas elecciones y que -ahora se sabe- habían sido sugeridos por Mario Uribe.
Otra grabación llamativa es con un hombre llamado Diego, que le dice al senador cosas como estas: "La entregan el martes, pero yo me tengo que quedar con ellos; hasta que ellos reciban la plata la entregan; entonces, el amigo mío se viene con ella y la puede traer a mi casa y usted recibirla ahí, en mi casa. Ellos van a poner tres retenes, van a poner tres retenes; que no vayan a ver por ahí gente ni tropas ni guevonadas. Van a poner unos retenes, que tiene que ser una cosa muy seria, que no vaya a haber ninguna guevonadita por ahí, porque entonces...".
¿Qué es lo que entregan? Nadie sabe, pero otra parte de la conversación por la que valdría la pena preguntarle al exsenador dice: "Es para el martes, y yo me tengo que quedar mientras que uno de ellos venga por la plata; ellos tienen que tener ya la plata aquí. Cuando ya la entreguen aquí, en La Estrella, ya ustedes les entregan la plata a las personas esas y me largan a mí un día o dos días. ¿Sí me entiende?". (Ver conversación)
En otra de las conversaciones, Mario Uribe habla con el entonces secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, a quien llama "bacancito". Además de una alusión al "número uno", es claro que negociaban un nombramiento para Carlos Higuera Escalante, exsenador mencionado por los paramilitares como su candidato en el Magdalena Medio.
Higuera fue designado como miembro de la junta directiva de Ecopetrol cuando comenzaba el gobierno Uribe, pero cuando el escándalo lo volvió innombrable, la estrategia fue otra.
En un aparte de la conversación, "el bacancito" Moreno le dice a Mario Uribe: "Hablé con el presidente también de ese tema, y él me dice que por qué no mandamos a gente de Higuera para allá, para esa vaina de Montreal; y para no llevar entonces a Carlos, que se vaya ella y pues que ella se lleve a Carlos, ¿cierto?".
Mario Uribe responde que la solución le parece "muy salomónica y muy generosa".
La esposa de Higuera, Gilda Rueda, fue designada como representante de Colombia en un organismo aeronáutico multigubernamental que funciona en Montreal, Canadá.
CARACOL RADIO
ABOGADO DE FAMILIARES DE DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA RENUNCIA A ESQUEMA DE SEGURIDAD
La Corporación Sembrar desde el año 2001 cuenta con medidas cautelares, recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, supuestas irregularidades del Departamento Administrativos de Seguridad DAS, obligaron a que se renunciara a éstas.
De acuerdo con una carta de dicha organización, a mediados del año 2010, altos funcionarios del Estado habrían expresado su preocupación por la seguridad de los integrantes de la Corporación, en particular del abogado Jorge Eliécer Molano, dadas las diversas expresiones hechas en la Junta de Generales y en la cúpula del Ejército Nacional.
Así mismo señala que todos estos aspectos fueron asumidos con el compromiso de adoptar las medidas pertinentes de manera oportuna, pero que desde hace más de tres meses la organización ha remitido diferentes hojas de vida al DAS, con el fin de de reforzar el esquema de seguridad, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta.
El abogado Jorge Molano, en diálogo con Caracol Radio, manifestó que ven con extrañeza que el DAS rechace las hojas de vida de quienes ellos han postulado para el cargo de escoltas, teniendo en cuenta, según él, que se trata de profesionales que han hecho curso incluso en el organismo de inteligencia.
"Primero nos parece inadmisible que se nos siga presionando para admitir una empresa de seguridad armada y en segundo lugar porque vemos muy sospechoso que el DAS siga rechazando las hojas de vida de personas que hemos propuesto", indicó el abogado Molano.
La Corporación Sembrar igualmente manifiesta que otra persona que se encontraba en préstamo, ha sido retirada del esquema de seguridad y que en la actualidad sólo tres hacen parte de los esquemas colectivo e individual, hecho que para ellos hace ilusorio y meramente formal el llamado mecanismo de protección otorgado por el Estado.
El abogado Jorge Molano, junto con el abogado Germán Romero, denunciaron que han sido objeto de seguimientos después de presentar los alegatos finales en el proceso que se adelanta por lo hechos del Palacio de Justicia, en el cual se solicitó la condena del general (r ) Iván Ramírez Quintero.
Finalmente manifiestan que ante esta situación es que hacen devolución del esquema de seguridad y solicitan al Gobierno una reunión de alto nivel para que se tomen las medidas respectivas e invitan a los organismos internacionales a que conozcan de esta situación.
RCN RADIO
GOBIERNO CREARÁ LA AGENCIA PARA LA DEFENSA JURÍDICA DE LA NACIÓN
Con las facultades especiales que el Congreso le aprobará al Gobierno Nacional se creará esta Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación que busca frenar el pago de millonarios recursos por demandas al Estado.
RCN La Radio conoció que la nueva agencia tendrá abogados de todas las entidades y que cuentan con las más altas calidades profesionales y la idea es que la defensa jurídica de la nación sea coordinada por todo el Gobierno y no cada Ministerio se defienda solo.
Uno de los primeros litigios en los que esta Agencia defenderá las finanzas del Estado es en la avalancha de demandas por el desplome de las llamadas pirámides.
En principio, la Casa de Nariño será la encargada de manejar la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación.
EL MAGISTRADO JAIME ARRUBLA PAUCAR PERMANECE HOSPITALIZADO EN MEDELLÍN
Jaime Arrubla Paucar, magistrado de la Corte Suprema de Justicia
Por una gastritis hemorrágica, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, fue llevado de urgencia a la Clínica las Américas de Medellín, en donde permanece hospitalizado.
Los médicos de esta Institución hospitalaria informaron que el Magistrado Arrubla Paucar estará hospitalizado y en observación médica, pero que la condición del paciente es estable y no se requiere por ahora ningún tipo de intervención quirúrgica.
La complicación del ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Arrubla Paucar, se debió, según los galenos de la Clínica Las Américas, muy posiblemente al consumo excesivo de antiinflamatorios.
Mañana le será realizada una nueva evaluación médica al magistrado Arrubla Paucar, por lo pronto, la incapacidad ordenada por los especialistas es de tres días.